En abril de 2023, la empresa de transformación digital Seres publicó la última edición de Estudio comparativo del uso de la factura electrónica en España. Este informe incluye un análisis completo sobre el incremento de la emisión y recepción de estos documentos en entornos B2B, distribuidos atendiendo a distintos criterios. Los analiza por comunidades autónomas, tamaño de las empresas y sectores de actividad. Los datos a los que hace referencia son los recogidos durante el ejercicio 2022.
No perdáis de vista tampoco que, en octubre de 2022, se produjo otro hito importante para la factura electrónica obligatoria. Fue el momento en el que entró en vigor la Ley Crea y Crece. No afecta aún a los datos que estamos manejando. Además, su obligatoriedad real está en suspenso, pendiente de la aprobación del reglamento que la desarrolle.
Gracias al informe de Seres, sabemos que, durante 2022, la factura electrónica creció más de un 30 % en nuestro país. Estos datos corresponden principalmente a pymes y a autónomos, ya que las grandes corporaciones se han acogido más a la moratoria de esperar que marca la disposición final octava de la ley. Esto quiere decir que es previsible que en el informe de 2025 y, sobre todo, en el de 2026 seamos testigos de un gran aumento.
Por otro lado, las cifras en euros de esa facturación superan los 340 millones. Esto se traduce en una subida de poco más de 80 millones con respecto al total de 2021.
En cuanto a sus ventajas, los usuarios destacan que ahorran mucho tiempo y dinero. En concreto, el informe lo cuantifica en más de 2600 millones de euros en costes solo teniendo en cuenta los entornos B2B. Esto supone un incremento del 25,32 % respecto del ejercicio anterior.
Por comunidades autónomas, la de Madrid lidera las emisiones y recepciones, seguida de Cataluña y Andalucía. Por contra, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, así como La Rioja e Islas Baleares se mantienen a la cola.
Por último, son las pequeñas empresas las que lideran el uso de esta vía de facturación, con un volumen del 36,17 % del total, seguidas por las medianas y las microempresas. Aunque también se ha incrementado su presencia en el mundo de la gran empresa, lo cierto es que su crecimiento respecto a 2021 es mucho menor.
Por sectores, donde está más fuertemente implantada es en las fábricas y en el área del retail. Entre ambos, superan más de la mitad de la totalidad de las recibidas.
Como probablemente ya sabréis, la UE está totalmente comprometida con la digitalización, el medioambiente y la eficiencia. Por esta razón, no nos sorprenden los datos que proporciona otro de los informes del grupo francés SERES. En esta ocasión, el informe La factura electrónica B2B en Europa, revela que este sistema se ha extendido rápidamente por la región. Todos los países europeos la utilizan en sus transacciones comerciales y en el 87 % de las transacciones con las administraciones públicas (B2G). En España, este recurso es obligatorio en este tipo de intercambios desde 2015.
La mayoría de los países europeos se han dado un plazo de cinco años para implementarla obligatoriamente entre empresas y autónomos. En concreto, Italia es pionera al respecto, Francia está realizando un proyecto de masificación de su uso y países como Alemania, Grecia y Bélgica se han concedido un plazo de tres años para su puesta en marcha.
Como os hemos indicado, si vais a trabajar con alguna administración pública, es imperativa su emisión desde 2015. Para su puesta en marcha entre empresas y autónomos, era imprescindible la aplicación de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Sin embargo, no es un mandato directo de la ley.
En su disposición final octava, remite esa obligatoriedad a la aprobación de su reglamento de desarrollo. De hecho, marca el plazo de un año tras la aprobación de dicho reglamento para que sea preceptivo para las empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales y de dos años, para las que menos facturen. La cuestión es que el reglamento aún no se ha aprobado. Esto quiere decir que salvo para las transacciones B2G, que se rigen por otra ley, en estos momentos, aún no es obligatoria. No obstante, desde TicNegocios de la Cámara estaremos pendientes para manteneros informados.
Pues no y es una cuestión muy importante. El Real Decreto del Gobierno, aprobado el 5 de diciembre en Consejo de Ministros, es el reglamento de la Ley 11/2021, de 9 de julio. Es la popularmente conocida como ley antifraude. Pese a que solo parece ir dirigida a las empresas de software, indicándoles qué requisitos deben cumplir sus aplicaciones para generar facturas, en el fondo, nos afecta a todos.
Para el 1 de julio de 2025, todas las pymes deben incorporar este tipo de programas que impidan la doble facturación. Además, deben materializar ciertos requisitos de inalterabilidad y trazabilidad y posibilitar la automática remisión a la Agencia Tributaria de las facturas, entre otros aspectos. Seguir utilizando programas que no acaten estos requisitos puede suponer una sanción de 150.000 € para las empresas de software y de 50.000 € para las pymes.
En el fondo, lo que se persigue es la instauración de facto de la facturación electrónica. La única diferencia que habría respecto a los supuestos de la Ley Crea y Crece es que este Reglamento no exige la remisión de las facturas recibidas.
En cuanto a la financiación para adecuarse a este nuevo sistema, el Gobierno parece estar pensando en la creación de una plataforma gratuita en la Agencia Tributaria. Sería muy injusto que el gasto recayera exclusivamente en las pymes.
Por tanto, si podéis, en TicNegocios de la Cámara, os recomendamos que vayáis haciendo la transición hacia la factura electrónica, pero teniendo en cuenta las condiciones que deberéis cumplir el año que viene. Mientras, esperaremos a conocer las condiciones que incluye el reglamento de la Ley Crea y Crece. Para estar completamente al día, ¡mirad nuestra agenda!
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