Es la norma de mayor reconocimiento internacional para identificar y gestionar aquellas situaciones que pueden hacer que la empresa tenga que paralizar o degradar la calidad de sus servicios. Su implantación permite reducir la probabilidad de estos eventos, así como contar con planes de actuación viables, estrategias alternativas de funcionamiento y reducir el impacto en los clientes y entorno interno y externo del negocio en el caso de que estos eventos se materialicen. En ámbitos críticos como: TIC, banca, sanitario, energético o transportes, por ejemplo, es una norma de especial relevancia pues una indisponibilidad de un sistema de información o un proceso clave pueden tener múltiples y graves consecuencias para los clientes, pudiendo impactar en las cada vez más complejas cadenas de suministro de servicios entre clientes y proveedores.